Materialidad, poder y tránsito de una licencia médica colonial

El eco del archivo en Frankfurt

Investigar la historia del derecho estando en Frankfurt durante una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho ha implicado un cambio de perspectiva. Inmersa en una biblioteca que conserva siglos de tratados y literatura producida desde y sobre América, el estudio de la medicina colonial en Chile queda expuesto a ser atravesado por preguntas que trascienden lo médico (como ciencia y como profesión). Se convierte, más bien, en un problema de historia del derecho en perspectiva global, entendida como la historia de la producción, circulación y traducción cultural de los saberes normativos (Duve, 2022).

Este desplazamiento permite formular una pregunta diferente, que si bien no es nueva en la historiografía abocada a estudiar los desafíos de la administración imperial a la distancia (Araneda Riquelme, 2020; Gómez Gómez, 2008), nos permite pensar la historia de la medicina desde otro lugar: ¿cómo circulaban y se producían diferentes tipos de normas en un imperio que abarcaba territorios separados por miles de kilómetros?

Durante mucho tiempo, la historiografía tendió a entender el derecho como un sistema compuesto por leyes, códigos, ordenanzas o decretos. Sin embargo, al observar los documentos en los archivos, aparece otra dimensión menos evidente. Las normas no solo existían como ideas y prácticas jurídicas, sino que también como saberes prácticos y objetos materiales. En el mundo de la Monarquía Hispánica del siglo XVIII, la autoridad jurídica dependía de esa materialidad. Sellos, firmas, certificaciones y copias notariales formaban parte de una infraestructura documental que permitía que las normas circularan por el Atlántico y a lo largo de América.

Estos párrafos proponen seguir el rastro de uno de esos objetos: una licencia médica del siglo XVIII. No se trata únicamente de analizar su contenido jurídico, sino también de reconstruir su biografía material.

El documento que guía esta historia pertenece al médico Carlos Jacinto Peña y Llamas, quien presentó su título en el Cabildo de Santiago (Capitanía General de Chile) en 1723. A través del recorrido de este papel expedido en Madrid, reconocido en Quito y finalmente validado en Santiago, podemos observar cómo parte de un folio fabricado en Europa se transformó en un artefacto de poder capaz de definir quién tenía derecho a sanar y quién no. Vista desde esta perspectiva, la historia de la medicina colonial deja de ser únicamente la historia de prácticas terapéuticas. Se convierte también en la historia de documentos que viajan, acumulan autoridad, producen y reproducen jerarquías profesionales.

La anatomía del artefacto: la representación del cuerpo y la extensión institucional

En el sistema jurídico de la Monarquía Hispánica, la identidad era una condición frágil. En el contexto de un “gobierno de papel” estructurado para administrar, comunicar y mantener el dominio sobre territorios inmensamente alejados (Araneda Riquelme, 2020), la identidad personal, para ser reconocida por las instituciones, debía quedar indisolublemente fijada en el documento. A partir de ello, la licencia médica de Peña y Llamas, expedida en Madrid el 5 de abril de 1714, ofrece un ejemplo claro de esta relación entre cuerpo y documento.

En la transcripción del documento aparece una descripción detallada del médico. El escribano del rey, Antonio Ramírez, dejó registrado que Peña y Llamas era un hombre de “buena estatura, moreno, con una verruga encima del bigote derecho” (Archivo Nacional Histórico de Chile -ANH-, Fondo Cabildo de Santiago, vol.49, f.67). Además, se describió una “cicatriz de herida en la muñeca derecha por la banda de dentro” (ANH, Fondo Cabildo de Santiago, vol.49, f.67).

Estos detalles tenían una función jurídica precisa. En una época sin fotografías ni documentos de identidad como los conocemos hoy, el papel debía servir como un mecanismo de identificación. Tal como sostiene Gómez Gómez (2008), la escritura y sus signos ostentaban un inmenso poder representativo que permitía evocar y hacer presente de manera imaginaria a quien se encontraba físicamente ausente. El documento, en cierto modo, debía representar el cuerpo del médico, actuando como un sustituto material indispensable para superar la barrera de la distancia.

La verruga y la cicatriz funcionaban como marcas de autenticidad que permitían verificar que el portador del título era realmente la persona autorizada por la Corona. Como argumenta Dias Paes (2019), las prácticas de documentación y los aspectos formales de los expedientes no eran recipientes pasivos, sino que construían la realidad administrativa y transformaban los hechos cotidianos en evidencia legal vinculante. La materialidad del papel se fundía así con la materialidad de la piel, convirtiendo a la hoja escrita en el verdadero garante y “nervio de la justicia” indispensable para asegurar la fe pública en las identidades de los súbditos (Argouse, 2019).

Pero la licencia médica no era solo un documento de identificación. Era también un objeto que condensaba autoridad institucional. En el título aparecen las firmas de Claudio Burlet y Fulgencio Benavente, médicos de cámara del rey y protomédicos generales. Estas firmas representaban la autoridad médica central del imperio.

El documento certificaba que Peña y Llamas había cumplido los requisitos exigidos por la legislación castellana: años de formación, práctica supervisada y aprobación por parte de autoridades competentes. Cuando el papel era presentado en territorios distantes del imperio, actuaba como una extensión material del poder metropolitano. Así, el documento no solo probaba conocimientos médicos, sino que también transportaba autoridad. La importancia de estos documentos se entiende mejor cuando observamos su circulación. La licencia de Peña y Llamas no permaneció en Madrid. Su poder dependía precisamente de su capacidad de viajar.

Tras ser expedido en 1714, el documento reaparece en 1718 en la Real Universidad de Santo Tomás de Aquino en Quito (ANH, Fondo Cabildo de Santiago, vol.49, f.66). Allí el título es incorporado en los registros universitarios. El secretario de la Universidad certifica su validez y lo reconoce dentro de la institución. Este gesto burocrático revela un mecanismo a través del cual las normas producidas en Europa debían ser reconocidas por instituciones americanas para adquirir plena eficacia local. El documento, por tanto, acumulaba autoridad en cada etapa de su viaje. Cada firma añadida, cada certificación marginal y cada copia registrada en un libro institucional ampliaban su legitimidad.

El último tramo del que tenemos registro ocurrió en 1723, cuando Peña y Llamas presentó su título ante el cabildo de Santiago de Chile. El escribano público Bartolomé Mundaca certificó entonces que la copia registrada en los libros municipales coincidía con el documento original. Una vez realizada la verificación, el documento fue devuelto al médico. Este detalle administrativo indicaba que el título debía permanecer en manos de su propietario; era su credencial profesional y sin el papel original, el médico perdía la posibilidad de demostrar su legitimidad.

La fragilidad del papel

Para comprender el verdadero poder de estos documentos, resulta útil observar qué ocurría cuando desaparecían. Un caso datado en Santiago alrededor de 1740 ofrece un contraste que ilumina la fragilidad del documento.

Isidro Trujillo, un cirujano que había trabajado durante años en el Hospital Real de Marina de Cádiz y había servido en barcos de la Corona, se enfrentó a un problema al llegar a Chile puesto que no tenía su título (ANH, Cabildo de Santiago, vol.55, ff.40-44). Según su propia declaración, diversas circunstancias durante el viaje -enfermedades y dificultades en Buenos Aires- le habían impedido conservar el documento.

Trujillo conocía bien las reglas. Ante las autoridades citó la legislación correspondiente de la Recopilación de Indias. A pesar de que la ley era explícita en señalar que los profesionales debían contar con sus títulos, Trujillo enfatizó en su trayectoria académica y práctica para tratar de desviar el mandato oficial y, con ello, equiparar retóricamente su testimonio al documento. Sin embargo, sin el papel su experiencia profesional carecía de reconocimiento legal. El sistema jurídico colonial privilegiaba la evidencia documental, por ello el conocimiento médico debía estar respaldado por un soporte material.

Ante la ausencia del título, Trujillo recurrió a una solución alternativa: presentar testigos. Varias personas declararon haberlo visto ejercer en hospitales de Cádiz y Buenos Aires. También se presentó una certificación emitida en Buenos Aires que confirmaba su trayectoria. Sin embargo, estas pruebas tenían un valor limitado, puesto que el testimonio oral nunca alcanzaba la autoridad de un documento oficial.

Finalmente, Trujillo tuvo que someterse a un nuevo examen ante el Protomedicato local para obtener autorización. Su caso muestra con claridad el principio central del sistema: la norma estaba en el papel. Sin el documento, el sujeto perdía su estatus profesional.

El papel como instrumento de poder económico

El certificado médico no solo servía para identificar a los profesionales. También era una herramienta de regulación del mercado de la salud. El Protomedicato -la institución encargada de supervisar el ejercicio de la medicina- utilizaba estas licencias para controlar quién podía practicar y quién no.

Las autoridades coloniales empleaban con frecuencia la palabra “intruso” para referirse a quienes ejercían la medicina sin autorización. El problema era común, ya que en muchas ciudades coloniales existía una gran diversidad de practicantes: médicos titulados, cirujanos, barberos, boticarios y curanderos. En este contexto, las licencias permitían establecer jerarquías sobre todo este heterogéneo universo.

Los médicos titulados reclamaban el derecho exclusivo a diagnosticar enfermedades complejas y recetar medicamentos -otro papel cuyo tránsito conecta al paciente con el boticario a través de la autoridad médica-. Los cirujanos y barberos podían realizar sangrías o pequeñas intervenciones, pero no prescribir tratamientos completos. El documento funcionaba entonces como un instrumento de exclusión profesional que refuerza lo que puede o no puede hacer un individuo en cuanto portador de una categoría profesional y, por contraste, lo que puede y no puede hacer quien está fuera de esta categoría.

Este control tenía también una dimensión económica, fundamentada en el intento de las élites médicas por monopolizar el mercado de la salud (López Terrada, 2009). Limitar el número de profesionales autorizados permitía mantener cierto prestigio y estabilidad frente a la libre competencia, la cual era vista como un obstáculo para la ascensión social de los facultativos. Los médicos titulados, por ejemplo, podían cobrar honorarios más altos. En este sentido, la licencia médica no era solo un certificado académico (Perdiguero, 1996). Era también una llave de acceso a un -pequeño, para el caso de Chile- mercado protegido.

Mirar el archivo desde la historia del derecho en perspectiva global

Analizar estos documentos durante una estancia en el MPILHLT de Frankfurt introduce una perspectiva distinta: los archivos coloniales reflejan procesos mucho más amplios de traducción local del derecho.

La historia del derecho que se discute y produce en Frankfurt propone observar cómo las normas son traducidas localmente por actores a lo largo de distintos contextos geográficos y culturales, y se van transformando en ese movimiento de continua traducción. Desde esta perspectiva, los documentos del Archivo Nacional Histórico de Chile no son simplemente registros locales. Son fragmentos de una red de saberes normativos que conecta lugares aparentemente tan distantes como Polonia, Madrid, Quito y Santiago. La licencia de Peña y Llamas ilustra perfectamente esa circulación (ver mapa).

El documento no pertenece exclusivamente a las historias nacionales de Chile o de España. Es más bien parte de una red de saberes, prácticas y oficios que permitía gobernar territorios separados por miles de kilómetros. Leer estos papeles implica reconstruir las rutas materiales que permiten construir una autoridad normativa.

Hoy, más de tres siglos después, estas licencias médicas, certificaciones notariales y registros de cabildo sobreviven en los archivos, han perdido su función original. Ya no autorizan a nadie a ejercer la medicina. Sin embargo, conservan el poder de revelar cómo funcionaba el mundo normativo colonial en asuntos médicos. Cada firma, cada certificación y cada anotación marginal testimonian la compleja infraestructura documental que construía la autoridad imperial.

La historia de Carlos Jacinto Peña y Llamas muestra que la medicina colonial no era solo una práctica científica o terapéutica, sino también una forma de producción de normatividad colonial. El derecho a sanar dependía de un objeto frágil: una hoja de papel. Seguir el recorrido de esa hoja permite comprender que las normas no existen únicamente en las leyes o en los códigos; existen también en los objetos que las transportaban y en sus prácticas asociadas. Y es precisamente en esos objetos -a menudo olvidados en los archivos- donde la historia de las normatividades en perspectiva global revela toda su densidad.

Bibliografía

Araneda Riquelme, J. (2020). Un gobierno de papel: El correo y sus rutas de comunicación en tiempos de la reforma imperial en Chile (1764-1796). Ediciones Biblioteca Nacional; Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Argouse, A. (2019). El papel sellado en Chile. Circulación, redes y saberes prácticos (1739-1770). Diálogo Andino, (60), 35-44.

Duve, T. (2022). Historia del derecho como historia del saber normativo. Revista de historia del derecho, (63), 1-60.

Dias Paes, M. A. (2019). Legal Files and Empires: Form and Materiality of the Benguela District Court Documents. Rechtsgeschichte – Legal History, (27), 160-171.

Gómez Gómez, M. (2008). El sello y registro de Indias: Imagen y representación. Böhlau Verlag.

López Terrada, M. L. (2009). Medical pluralism in the Iberian kingdoms: The control of extra-academic practitioners in Valencia. Medical history. Supplement, (29), 7-25. https://doi.org/10.1017/s0025727300072379

Perdiguero Gil, E. (1996). Protomedicato y curanderismo. Dynamis, (16), 91-108. https://doi.org/10.4321/105966