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Archivos de comunidad en Bolivia. Saber normativo y diversidad epistémica

Bolivia es un país constituido sobre el territorio de cientos de comunidades y pueblos cuyos orígenes remontan en ocasiones al periodo prehispánico y en otras al colonial. Reconocidos en su autonomía de gestión por la monarquía española, estos grupos de población de culturas diversas se vieron en la necesidad de negociar su estatus jurídico y su relación con el Estado republicano -hoy llamado Plurinacional- desde 1825. Esto condujo a una serie de pronunciamientos por canales legales y en ocasiones de resistencia armada, en contra de la arbitrariedad de ciertas tasas y servicios impuestos al colectivo, así como en defensa de los derechos sobre el territorio habitado.

Marcelino Mamani y familia con documentos en Tinquipaya, © Vincent Nicolas

Conscientes de la importancia de contar con el respaldo suficiente para sostener sus demandas, siguiendo con prácticas de origen prehispánico  de conservación de la memoria en distintos soportes (quipus, textiles, entre otros), algunas comunidades guardan, desde tiempos coloniales, documentos en archivos propios. Tenemos constancia de algunos de ellos gracias al trabajo de antropólogos como Tristan Platt (2018) en Macha y de Vicent Nicolás (2015) en Tinquipaya en Potosí, así como de Denise Arnold (2018) en Qaqachaka, Oruro. Los datos que estos estudiosos presentan son altamente reveladores del sagaz desenvolvimiento con la norma escrita desde el siglo XVI, pero además, de la diversidad epistémica que interviene en la preservación, transmisión y uso jurídico de los documentos guardados. Puestos en relación, los hallazgos de estos investigadores permiten entender mejor complejos procesos de producción y traducción de saberes normativos diversos vigentes en la Bolivia contemporánea (Duve 2022).

Los custodios de la memoria común

Un punto en común en los casos mencionados es que la documentación de la comunidad es custodiada por una autoridad tradicional, curaca o cacique. Tristan Platt vio por primera vez el archivo de Macha en 1971, y volvió a verlo el año 2013, cuando don Gregorio, hijo del curaca don Agustín Carvajal, lo había heredado. Denise Arnold (2018: 34) refiere por su parte que, en Qaqachaka, don Francisco Quispe, descendiente del linaje Inca Maraza, preservaba documentos históricos de la comunidad. En cuanto a Tinquipaya, Vincent Nicolas (2015: 99) documenta que los caciques de cada parcialidad guardaban “memorias” de sus “mojones” (límites), que movieron a que las autoridades coloniales les entreguen títulos que algunos guardan hasta hoy.

Documento del archivo de Tinquipaya, © Vincent Nicolas

Cuando las comunidades han necesitado hacer uso de los documentos, han contado con el apoyo de escribanos bilingües (aymara/quechua-castellano). Esto llevó al curaca don Agustín Carvajal que no sabía leer ni escribir, a acudir a la ayuda de los musus (jóvenes) letrados, según cuenta Platt. Además de este apoyo, algunos caciques como el apoderado Santos Marka T’ula de las primeras décadas del siglo XX, memorizaron el contenido de los documentos que luego dictaban a los escribanos que los asistían en su trajines urbanos (Taller de Historia Oral Andina 1984).

Que los caciques, sus descendientes y apoderados administren la documentación comunal, no los obliga entonces a ser letrados. La legitimidad para atesorar por generaciones la huella escrita que permite a la comunidad reivindicar su antigüedad como colectividad, sus servicios al Estado y sus derechos sobre el territorio que habitan, reposa en su autoridad reconocida por la colectividad.  

El lugar de los documentos y la importancia de las copias

Los documentos que reposan en estos archivos comunales conocen distinto volumen y sus documentos son de naturaleza diversa, aunque predominan aquellos vinculados a los derechos sobre la tierra y a las obligaciones fiscales. Están en viviendas de autoridades, no en un recinto especialmente creado para archivo. Suelen ser conservados en cajones y bolsos de cuero de oveja, en ocasiones junto a fetos de llama y qhipus. También en q’ipis (bultos), dejando pensar en la itinerancia de los “cargatítulos” (Arnold, 2018: 33), que iban de un lugar a otro con los documentos a cuestas durante los trámites que realizaban en las ciudades.

Una característica del contenido de estos archivos es que hay documentos copiados, sin que esto afecte el valor que le confiere la comunidad. Y decimos bien copiar, ya que como Frank Salomon (2001) refirió para el caso de Tupicocha en el Perú, la intención es generar un facsímil en el que todo detalle del original cuente en tanto remite a él.

El investigador Vincent Nicolás revisando documentos en Potobamba, © Vincent Nicolas

En el proceso de lectura, muchas expresiones y referentes de época son confundidos con elementos de memoria oral e incluso actuales, que quien copia, carga consigo. Esto provoca que las copias puedan generar discursos distintos al del original, pero plausibles y útiles para el colectivo en su intención de control del pasado (Rappaport 1997). La que Denise Arnold ha llamado “multitemporalidad” discursiva, es fundamental para entender los sentidos dados al documento normativo por la colectividad, que distan de ser uno solo a través del tiempo.

Es más, según Nicolas (2015: 340), los caciques de Tinquipaya copiaban documentos aunque no fuesen de su región, para luego usar en otros documentos ciertos tópicos prestigiosos y adaptables a las demandas locales, sin mucho apego a la autenticidad y sin prejuicio de la invención de ciertos aspectos que traslucen procesos vivos de etnogénesis (Glave 1990; Abercrombie 2006). La mirada de la comunidad a sí misma y a su pasado, así como los vínculos con el Estado se podían renegociar desde estas copias que dejaban ver el presente de la historia común, sin que esto implicase despertenecerse.

Un archivo como ancestro vivo

Otro aspecto fundamental es que el archivo comunal no es solo un repositorio de fuentes (Platt, 2018: 29). Íntimamente compenetrados con su entorno presente -que les influye y al que influyen-, los documentos de archivos comunales son gestionados como fuente de poder sacralizado más allá de la letra, como soportes de memoria que ameritan ch’allas (libaciones) regulares a modo de mostrar respeto y garantizar ritualmente un buen porvenir a la comunidad en sus acuerdos con el Estado.

En el mojón de Tinquipaya, © Vincent Nicolas

Nicolas (2015: 93) revela que el contenido de los documentos en Tinquipaya no necesariamente coincide con su forma de rememorarlos y en ocasiones su prestigio excede su valor jurídico. Así, juicios, telegramas y cédulas de mita colonial pueden ser guardados en la memoria común como prueba del derecho sobre el territorio, aunque no se trate de títulos de tierras. Esto tampoco impide que los documentos sean tratados como ancestros protectores (Nicolas, 2015: 340). De hecho, los investigadores coinciden en que no se los puede sacar de donde reposan sin cuidados rituales: un brindis con alcohol o aspersiones con sangre de animales, por lo que muchos tienen las primeras hojas manchadas (Arnold, 2018: 34).

La evidencia de estas costumbres dentro de la diversidad epistémica de las comunidades en que tienen lugar, enfatizan la necesidad de estudiar la pluralidad de significados y usos dados a los documentos normativos en cada cultura dentro del contexto boliviano. A su vez, a asumir de una vez por todas que, comunidades tratadas hasta aquí como orales, tienen una experiencia de siglos en la acumulación de archivos propios con especialistas letrados (no solo en escritura alfabética) al servicio de los intereses y derechos comunes.

Bibliografía

Abercrombie, T. A. (2006). Caminos de la memoria y del poder. Etnografía e historia de una comunidad andina. Lima: IFEA. 

Arnold, D. (2018). Los eventos del crepúsculo. Relatos históricos y hagiográficos de un ayllu andino en el tiempo de los españoles. La Paz: Plural, ILCA.

Duve, T. (2022). Historia del derecho como historia del saber normativo. Revista Historia del Derecho 63: 1-60.

Glave, L. M. (1990). “Los campesinos leen su historia: un caso de identidad recreada y creación colectiva de imágenes (los comuneros 1920-1930)”. Revista de Indias, L, 190: 809-849.

Platt, T. y Molina. (2018). Defendiendo el techo fiscal. Curacas, ayllus y sindicatos en el gran aylllu Macha norte de Potosí, Bolivia, 1930-1994. La Paz: BAHALP, University of Saint Andrews.

Rappaport, J. (1997). The Politics of Memory. Native Historical Interpretation in the Colombian Andes. Cambridge University Press, Nueva York, https://doi.org/10.1215/9780822398615.

Salomon, F. (2001). “Una etnohistoria poco étnica. Nociones de lo autóctono en una comunidad campesina peruana”. Desacatos 7: 73.

Taller de Historia Oral Andina. (1984). El Indio: Santos Mark’a T’ula, cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. La Paz: THOA, UMSA.

Vincent, N. (2015). Los ayllus de Tinguipaya. Ensayos de historia a varias voces. La Paz: Plural.


This blog entry is part of a series of blog posts on the UNDRIP and its significance from a legal historical point of view.


Cite as: Revilla, Paola and Pablo Quisbert: Archivos de comunidad en Bolivia. Saber normativo y diversidad epistémica, legalhistoryinsights.com, 03.11.2022, https://doi.org/10.17176/20221103-132136-0